Prácticamente a 60 días de que venza el plazo que estableció, el
Congreso del Estado, así como la autoridad estatal, para que los permisionarios
del servicio de transporte urbano cumplan cabalmente con la instalación y
operación de las cámaras de videovigilancia, pareciera que todo quedará en un
simple “llamado a misa”, pues a la fecha no se observa, ni por donde pudieran
cumplir con este compromiso que asumieron verbalmente desde el 2009, y
que posteriormente mediante un decreto se les fijó, el próximo 30 de septiembre
del 2015 como fecha fatal, para el cumplimiento de esta obligación.
Cabe recordar que desde el año 2009, la autoridad ha intentado concretar
un proyecto a manera de prevención delictiva que contempla la instalación y
operación de cámara de videovigilancia, al interior de los trasto-camiones,
perdón de las unidades del transporte urbano, donde se cometen una serie de
fechorías que en su mayoría no son denunciadas por los ciudadanos que
desgraciadamente son víctimas de verdaderas mafias que están asociadas no sólo
con los mismos conductores, sino con elementos de seguridad, (hay que ser,
honestos no todos los conductores son delincuentes, pero una parte importante,
si tienen cola que les pisen).
No se requiere ser muy ducho en la materia para adelantar que los
permisionarios del transporte urbano, simplemente se pasarán por el arco del
triunfo, la obligación de instalar y mucho menos operar las cámaras de
videovigilancia para las mil 147 unidades que circulan en la zona
metropolitana. Además es muy obvio que el “pulpo camionero” como se les
identificaba a los dueños de las licencias del transporte público en los años
noventa, simplemente se harán de la vista gorda, tomando en cuenta que a este
gobierno, ya le queda poco y por lo tanto, no será esta autoridad quien aplique
las supuestas sanciones a que serían acreedores en caso de incumplimiento.
Sin duda, será el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien tendrá que
lidiar en los primeros días de su gestión con el grupo de permisionarios, tomando
en cuenta que entrará en funciones como gobernador Constitucional, el próximo
26 de septiembre y la fecha límite para los permisionarios es el 30 de
septiembre es decir cuatro días para revisar y en todo caso, hacer cumplir la
ley de parte de quien estará al frente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Si bien es cierto que en años anteriores, la Ley Estatal del Transporte
no establecía la obligatoriedad para instalar cámaras de videovigilancia en las
unidades del transporte urbano, fue hasta mayo del 2015, cuando los
integrantes de la LX Legislatura, aprobaron modificaciones al artículo
transitorio para sentenciar la obligación que tienen tanto la autoridad
como los permisionarios por completar este proceso. Además de un punto de
acuerdo para modificar la fracción I del artículo 21 de esta Ley, y que
establece el utilizar los aparatos como medida de prevención y seguridad y así
brindar respuesta inmediata en los casos que sea necesaria la presencia de las
autoridades policiacas.
Recientemente se ha hecho público por distintos actores vinculados en el
transporte público que debido a la tolerancia de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se espera que para el mes de Septiembre,
solamente un 22 por ciento del total de las unidades del transporte público
tengan instaladas las cámaras de video vigilancia. Mientras que la propia
autoridad no ha dicho esta boca es mía… así o más claro.
No estaría descabellado que ante un incumplimiento de parte de los
permisionarios que han puesto toda clase de escusas y justificaciones
anticipadas, la próxima administración estatal, tenga los elementos legales
para valorar, la no autorización del ajuste en las tarifas, como lo establece
la ley.
Desde el propio Congreso del Estado, se han establecido posicionamientos
para que establecer que el próximo gobierno haga efectivas sus atribuciones y
tenga los elementos para “vetar” el incremento a las tarifas, pues sería, aquí
donde les duele a los permisionarios.
Aunque otra de las grandes herramientas a las que le estarían apostando
los permisionarios son las recientes modificaciones de la Ley Estatal del
Transporte que establece que los aumentos a las tarifas del transporte público
se harán conforme al incremento anual que sea registrado en el Índice Nacional
de Precios al Consumidor. Sin embargo, también establece que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de Gobierno del Estado autorizará los incrementos
a las tarifas de este servicio siempre y cuando cada modalidad haya cumplido
con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los
artículos 2°, 67 Y 68 de la misma ley.
Sólo resta esperar, para conocer cómo se enfrentará uno de los
principales retos que tendrá que asumir el gobierno del estado entrante en lo
que se refiere no sólo la instalación de las cámaras de videovigilancia, sino
el mantener el verdadero interés por mejorar la calidad del servicio de
transporte urbano que es utilizado diariamente por más de 350 mil potosinos. El
viejo argumento de los permisionarios en el sentido de que el brindar el
servicio “no es negocio” es simplemente una mentira que han mantenido para no
cumplir verdaderamente con sus compromisos, por lo cual, ya no pueden seguir
recurriendo al chantaje, ya que es hora de que se aplique mano firme por el
bien de los ciudadanos y sobre todo de “los de a pie”.
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