Ante
la cercanía en el cambio de gobiernos de los nueve Estados que vivieron
recientemente elecciones (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Sonora, Querétaro, y San Luis Potosí), la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) recomendó a los mandatarios electos poner
mucha atención, al momento de recibir las nuevas administraciones, pues de acuerdo a un
estudio financiero con que cuenta la propia Secretaria Federal, las deudas
públicas les representan miles de millones de pesos que podrían representarles
un serio problema para el arranque de sus mandatos.
El
estudio de la SCHP, arrojó que tan sólo en el primer trimestre de 2015, la
deuda de los Estados llegó a los 510 mil 30 millones de pesos, lo que
representa un 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además se
advierte que independientemente de colores o ideologías partidistas, el
gobierno federal del Presidente Peña Nieto, estará impedido o al menos limitado
para brindar algún tipo de rescate financiero para salvar a los Estados que
están catalogados prácticamente en un “quiebra técnica”.
De
igual forma, se reveló que estos nueve estados que cambiaran, la gubernatura,
sin duda estarán heredando, bajos o nulos niveles de crecimiento, inseguridad, baja productividad y,
principalmente, montos millonarios por pagar a consecuencia de un pésimo manejo
de sus finanzas que desgraciadamente también les impactará en el endeudamiento
de sus ciudadanos.
Resulta
interesante que en el caso de San Luis Potosí, el informe de la Secretaria de
Hacienda, lo coloca entre los 8 estados del país con menor monto de deuda
pública con respecto a su número de habitantes, pues se establece que al 25 de
septiembre del 2015, se estaría heredando una deuda cercana a los 4 mil 585 millones de pesos.
Aunque el gobierno del priísta Fernando Toranzo, en su momento aseguró que “la
deuda que mantiene el estado de San Luis Potosí, ha disminuido 18.8 puntos
según datos recientes otorgados por la Secretaria de Hacienda y representa 37.7
de las participaciones, derivado de las acciones efectuadas por la actual
administración, para favorecer la inversión extranjera directa” bueno eso es lo
que informó. Cabe destacar que el gobierno de San Luis Potosí, mantiene la
deuda dividida en seis créditos, de los cuales la mitad permanecen con Banobras
y el resto con Interacciones, Banorte y Santander.
Ciertamente,
el tema de las deudas públicas de los Estados, al menos en los últimos 10 años,
ha despertado un interés especial en la opinión pública, donde San Luis Potosí,
no es la excepción, aunque para entender con mayor claridad, resulta importante
destacar que “Deuda pública es todo aquel recurso que sirve para financiar el
gasto público, en este caso de los gobiernos locales, cuando los ingresos
ordinarios no son suficientes. Por lo general, los instrumentos financieros a
los que recurren los gobiernos de los estados y los municipios son: créditos a
los sectores bancarios privados y públicos; a la emisión de instrumentos de
deuda o bursátiles; o al financiamiento con proveedores”.
No
se puede satanizar, el que se pueda recurrir
a esta herramienta (Deuda Pública)
que debiera ser utilizada para el desarrollo de proyectos y así, ni
quien diga, nada, pero en la realidad, desgraciadamente ocurre todo lo
contrario, pues en la mayoría de las ocasiones, los recursos obtenidos que van
a parar a la deuda pública, simplemente están ligados a otras acciones que nada
tienen que ver con desarrollo o progreso, sino con casos de corrupción
principalmente, como ocurre en Nuevo León, Michoacán, Sonora, Campeche y Colima
donde incrementaron su deuda derivado de la inestabilidad política,
inseguridad, desempleo y falta de inversiones.
El
informe de la SHCP, colocó al estado de Tlaxcala con menos deuda a nivel
nacional, seguido de Querétaro, y Guerrero, aunque por otro lado, la lista de
los Estados más endeudados la encabeza Quintana Roo. Estas cifras han
contribuido a que la deuda de las entidades federativas representa 3.1 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El
principal, reto que enfrentarán los nuevos gobernadores que entrarán en
funciones en los próximos días, será el establecer una serie de estrategias
financieras que les permita tener la liquidez suficiente para atender las
demandas ciudadanas, pues de lo contrario, estarán maniatados a depender
estrictamente de las dadivas que otorga la federación, aunado a los nuevos
esquemas de la tasa cero, que implementará el gobierno federal a partir del
2016.
APUNTES.
NADA
PARA NADIE.- El Gobernador electo Juan Manuel Carreras López, ha venido
asumiendo una postura de secrecía en lo que se refiere la conformación de su
gabinete que lo estará acompañado durante su sexenio, y para ello, nos comentan
que ha emitido una serie de recomendaciones a sus más cercanos, para que
aquellos que podrían ser considerados como parte de su equipo, se abstengan de
recurrir a juegos sucios o fuego amigo, pues advierte que espera por el momento
nadie tiene un cargo seguro.
Previo
a tomar protesta como gobernador el próximo 26 de septiembre, el gobernador
electo, ha sostenido una serie de reuniones privadas con secretarios del
gabinete federal, quienes le han manifestado su apoyo para trabajar de manera
coordinada y con ello, establecer los mecanismos y acciones que le permitan ya
como mandatario, el cumplir con cada uno de los compromisos asumidos con los
potosinos.
CUENTA
REGRESIVA.- Los integrantes de la LX
legislatura local, analizan la posibilidad de realizar un nuevo Periodo Extraordinario
de Sesiones y una Sesión Solemne para instalar el epígrafe de la Benemérita
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Además se informó que en cuanto al proceso de entrega-recepción, los
días 8 y 9 de septiembre se realizarán reuniones entre los integrantes de las
comisiones especiales tanto de legisladores actuales como los electos.
TRABAJO
EXHAUSTIVO.- Resulta muy favorable que
el Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, diera a conocer
de manera oportuna que a partir del próximo 17 de septiembre iniciará el
periodo de comparecencias por parte de los 58 ayuntamientos del estado, quienes
deberán presentar la documentación o argumentación necesaria sobre las
observaciones realizadas en sus cuentas públicas en lo que corresponde al
ejercicio fiscal del 2014.
HASTA
LA PROXIMA.
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