Quien
fuera uno de los comunicadores más importantes de nuestro país, el señor Pedro
Ferriz Santa Cruz y a quien se le conociera por su célebre frase que acuño “Un
mundo nos vigila”, en estos momentos estaría muy gustoso (claro si
viviera) de saber, que en pleno siglo
XXI, se sigue aplicando dicha expresión en un mundo ficticio donde las
tecnologías prevalecen para hacer el bien, pero existen algunos personajes que utilizan
los grandes equipos para hacer el mal.
San
Luis Potosí, no puede escapar a la realidad en el uso de las tecnologías y en
este caso, nos vamos a referir particularmente a los equipos de espionaje que
bajo cualquier pretexto e incluso de nuestras autoridades, hacen uso de estas
prácticas para demeritar, inculpar, manipular o afectar a terceros.
Resulta
que al interior del Gobierno del Estado, existe una gran preocupación al grado
que se ha recomendado, al jefe del ejecutivo, Juan Manuel Carreras que se contrate a una empresa externa para
verificar que el despacho del gobernador, así como del secretario general, “no
estén alambreados”, por aquellos de las recochinas dudas.
Hay
que recordar que en San Luis Potosí, existen los antecedentes cuando al inicio
del gobierno de Marcelo de los Santos (2003-2009), se detectaron equipos de
espionaje en su despacho de palacio de Gobierno, lo que motivó que se
implementará una serie de acciones para dar con el paradero de los
responsables, lo cual, tampoco nunca se supo y si fue así, lo mantuvieron como
un secreto de Estado.
Ahora,
vuelve a revivirse esta posibilidad, ante la nueva dinámica de trabajo que le
ha imprimido el gobernador Juan Manuel Carreras, quien diariamente acude a
Palacio de Gobierno a despachar. Por lo que no se puede descartar que desde
ahora se esté aplicando una revisión exhaustiva a las conexiones telefónicas
donde pueda ser colocado, el equipo de espionaje desde cuadros, plumas, libros
o hasta debajo de la alfombra.
Ciertamente,
lo grave no estriba en el riesgo de que nuestras autoridades o gobernantes
puedan ser espiados a través de conversaciones telefónicas, fotografías, o
videos, sino que los equipos puedan ser utilizados para espiar a los
ciudadanos, e incluso a todos aquellos líderes de opinión, partidos políticos,
empresarios, periodistas que principalmente sean detractores del Sistema.
Aunque también ante estos riesgos, los inquilinos del Palacio Legislativo,
Judicial e incluso de Palacio Municipal en la Capital, deberían tomar cartas en
el asunto, (Por aquello de las dudas).
Sería
muy positivo, que en esté arranque de la administración estatal del gobernador
Juan Manuel Carreras, y su Procurador de Justicia Federico Garza Herrera, se
explicará el destino y uso de los equipos de espionaje que se obtuvieron en la
entonces administración de Fernando Toranzo y que tuvo un costo superior a los
56 millones de pesos que fueron obtenidos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP).
Sin
duda esto generará una gran incertidumbre hasta en tanto, no se tenga la
información pues es evidente que el gobierno de San Luis Potosí, tiene la
capacidad para interceptar, grabar, manipular y espiar a través de los equipos
que en el 2014 se adquirieron como fueron las cámaras ocultas, sistema de robo
de datos de celulares, micrófonos para escuchar conversaciones a distancia y
artilugios para enviar audio y video a distancia.
Lo
más grave sería que a través de estos equipos de espionaje se le diera
“machetazo a caballo de espadas”, porque es evidente que en el mundo de la
vigilancia, todo se vale y todos estamos expuestos incluyendo cualquier
funcionario de la administración pública, pues basta destacar que a través de
un contrato con la empresa Ingeniería Kantier SA, del DF, se obtuvieron “para
su sorpresa y la de todos”. Cámaras botón, capaces de tomar imágenes y video
prendidas de la ropa de policías, grabadoras capaces de registrar
conversaciones a diez metros de distancia y aparatos capaces de robar datos de
teléfonos celulares, como agenda, fotos, llamadas, mensajes y conversaciones de
la aplicación Whatsapp.
Si
bien es cierto, que la adquisición de los equipos de espionaje se han
justificado como una herramienta para combatir a la delincuencia organizada,
también es cierto que existen leyes que impiden el uso al contentillo de
cualquier autoridad, pues el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala que las intervenciones de comunicaciones
privadas podrán ser autorizadas únicamente por los jueces de Distrito, a
petición de la autoridad federal que faculte la ley, en este caso el Procurador
General de la República o el titular de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, tal y como lo establece la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Además,
el delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y
sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien
intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial
competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a
600 días de multa”.
APUNTES.
Y
SU MALTEADA DE QUE LA QUIEREN.- Resulta que un importante número de elementos
de seguridad pública estatal, han acusado a sus superiores argumentando una
serie de señalamientos en su contra, sin fundamento alguno. Pero todo parece
indicar que el problema de fondo, obedece a que se les han tocado intereses
desde el primer momento que han demandado sólo trabajar 12 horas y descansar
24, lo cual es “una burla”, pues la mayoría de los terrenales como usted y como
yo, laboramos diariamente más de esas horas y no estamos chichando.
RECONOCIMIENTO
MUNICIPAL.- Sin duda, es de reconocer el trabajo que realizó el ayuntamiento de
la Capital, durante las recientes lluvias que afectaron a la Ciudad, pues a
diferencia de la anterior administración municipal, ahora se pudo observar a
las brigadas de trabajadores municipales que limpiaron y desazolvaron
alcantarillas como no sucedía en otras ocasiones, lo que minimizo los daños y
accidentes en perjuicio de la ciudadanía. Además de que las cuadrillas de
Ecología, Servicios Municipales y Protección Civil, se la rifaron, y aunque
falta mucho por hacer, “sin duda por algo, se empieza”.
NO
LLENAN.- La titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
(Ceepac) Laura Fonseca, reveló que el Pleno aprobó solicitar un presupuesto
para el próximo año del orden de los 176 millones de pesos de los cuales el 55%
es para las prerrogativas de los partidos y el resto para trabajos de Educación
Básica. Lo que se le olvido a la señora informar es que la mayor parte de esos recursos se van al pago de sus trabajadores,
que sin duda tampoco lo justifican sobre todo cuando al menos en el 2016, no
habrá elecciones. Además adelantó que en los próximos días el Ceepac estará
cubriendo un adeudo por 13.8 millones de pesos al INE. Aunque primero entregará
10 y el resto a finales del presente año, (Si es que no salen con otra
sorpresita).
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